Ponemos el foco sobre Extremadura para conocer de la mano de José María Ramírez-Moreno, facultativo especialista de área de Neurología-Unidad de Ictus del Hospital Universitario Infanta Cristina, la realidad del ictus en dicha comunidad autónoma. El doctor, al que agradecemos públicamente su colaboración, ha puesto en evidencia las desigualdades del sistema sanitario entre regiones: «Existe un desequilibrio evidente en la atención que se presta a los pacientes, según donde vivan, y las unidades de ictus están distribuidas de forma desigual en el territorio nacional».
Aunque el ictus es la segunda causa de muerte en España, hay un gran desconocimiento social. ¿A qué cree usted que se debe?
Desde hace dos años venimos trabajando en un proyecto de investigación, cuyos resultados publicaremos a lo largo de este año. Nuestro trabajo pretende, de una forma objetiva, analizar el grado de conocimiento que tiene la población general de la comunidad autónoma de Extremadura sobre el ictus, los factores de riesgo, los síntomas de alarma, percepción de gravedad y respuesta hipotética ante esos síntomas. No disponemos en nuestra comunidad autónoma de ningún estudio de estas características que nos informe del grado de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre una patología grave y con altas tasas de mortalidad, como es la patología cerebrovascular.
Esta información es necesaria para el diseño de planes de salud específicos al reconocer los factores independientes que se asocian a un peor conocimiento de la enfermedad. Conocer, además, el comportamiento que tendrían ante los signos de alarma de los mismos es preciso para mejorar la atención sanitaria, sobre todo, en aquella población con mas riesgo. Y también permitirá establecer y guiar las necesidades de educación sanitaria en esta materia y promover campañas de información públicas en este ámbito.
El conocimiento global que la población tiene del ictus, de sus síntomas de alarma y factores de riesgo es significativamente peor que el que se tiene de la cardiopatía isquémica, por ejemplo. Solo el 39,7% de los ciudadanos extremeños tienen un conocimiento adecuado del ictus. Ser joven, tener buen nivel educativo y económico y haber tenido una experiencia cercana (familiares) con la enfermedad son factores independientes de un adecuado conocimiento. Curiosamente, haber padecido un ictus o incluso tener algunos factores de riesgo vascular no demuestra tener un mejor conocimiento; lo que indica la deficiente tarea formativa que ejercemos los médicos en este colectivo. En este trabado demostramos con claridad que el nivel de conocimiento del ictus es inadecuado en la población con menor poder adquisitivo y nivel de estudios, existiendo un claro gradiente de desigualdad social. Las iniciativas de salud pública y gestión de campañas educativas en ictus deberían realizarse con un lenguaje sencillo y dirigirse con especial interés a las clases sociales con menor nivel de renta.
¿Considera que los planes y protocolos de ictus hospitalarios son adecuados? ¿Existe un equilibrio entre las comunidades en la aplicación de dichos protocolos?
Durante muchos años, la atención del ictus ha sido destinataria de un importante nihilismo terapéutico, fiándose a los pacientes, en el mejor de los casos, a la evolución natural de la enfermedad. Afortunadamente, a partir de la década de los ochenta comienzan a publicarse estudios que muestran que la atención especializada del ictus tiene un impacto sobre la evolución de los pacientes, lo que lleva a la Organización Mundial de la Salud y el European Stroke Council a lanzar la Declaración de Helsinborg en 1995, ratificada en el año 2006 en la que se especificaba como objetivo a cumplir que todos los pacientes con ictus en fase aguda tuviesen una evaluación precoz y especializada, así como tratamiento en una unidad de ictus.
El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología publicó en el año 2006 el Plan de Atención Sanitaria del Ictus (PASI) con el objetivo de elaborar un sistema organizado de atención al ictus que dé respuesta a las necesidades de cada enfermo y optimice la utilización de los recursos sanitarios. Este plan pretendía garantizar la equidad en la atención sanitaria del paciente con ictus. La Estrategia Nacional en Ictus del Sistema Nacional de Salud aprobada en el año 2008 recogió en gran medida el tipo de modelo organizativo sanitario del PASI. El tiempo ha transcurrido y han aparecido nuevos avances en el tratamiento de la fase aguda del infarto cerebral que han obligado a realizar una revisión de este plan, que se ha publicado recientemente . Los neurólogos además seguimos las recomendaciones internacionales en esta materia y las guías oficiales de la Sociedad Española de Neurología. Los centros hospitalarios con Unidades de Ictus siguen estas recomendaciones y protocolos de una manera bastante homogénea y uniforme.
Se ha demostrado sobradamente el beneficio que produce en los pacientes que han sufrido un ictus la atención neurológica precoz y especializada y las ventajas de organizar los cuidados médicos y de enfermería en una Unidad de Ictus. La atención en este tipo de unidades se asocia con una disminución en la probabilidad de muerte o incapacidad o complicaciones en todos los subgrupos de pacientes, beneficios que se mantienen a largo plazo. Este recurso sanitario goza del nivel de evidencia científica más alto exigido y ha sido recomendado en las guías de práctica médica como el mejor modelo para tratar a estos pacientes. Sin embargo, el cambio del modelo asistencial tradicional por este otro es desigual entre comunidades autónomas y existe un desequilibrio evidente en la atención que se presta a estos pacientes. Lo grave es que dependiendo de donde uno viva, puede tener mayores posibilidades de sobrevivir a un ictus y de hacerlo con menor discapacidad.
Esto va en contra de la igualdad en la prestación de servicios que nuestro modelo sanitario pretende. Por una encuesta publicada recientemente sabemos que existen unas 40 unidades de ictus en nuestro país, cuando serían necesarias más de 70. Además están distribuidas de forma desigual en el territorio nacional; con una gran concentración en Madrid y Barcelona, que coinciden en ser las más activas en cuanto al número de tratamientos de repercusión, y en las que funciona adecuadamente el «código ictus» de manera global. Es evidente el acercamiento entre las autoridades sanitarias y las sociedades científicas que ha culminado con la elaboración de planes de atención al ictus tanto a nivel autonómico como nacional pero el recorrido es aún largo.
¿Quieres saber qué opina el doctor sobre los fondos destinados a la lucha contra el ictus, hacia donde se dirigen los esfuerzos o las principales líneas de investigación? Próximamente, la segunda parte de la entrevista al doctor.
Foto: http://neurologia.publicacionmedica.com
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